La Coordinadora Estatal de Mareas Blanca apoya el encierro de la Asamblea de Usuarios en el hospital

Encierro en el hospital de miembros de la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana.
Encierro en el hospital de miembros de la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. / César Sánchez

Defiende su «lucha incansable» en defensa de la Sanidad pública y pide a la Junta que resuelva los problemas más urgentes del centro

ELBIERZONOTICIASPonferrada

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas apoya el encierro que mantienen desde hace más de dos semanas miembros de la Asamblea de Usuarios de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana en el hospital. El colectivo manifiesta a través de un comunicado su solidaridad con la «lucha incansable» de los encerrados «en espera de que el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León tome decisiones que resuelvan los problemas más urgentes del hospital».

En este sentido destacan la apertura continuada de las 36 camas cerradas, la inclusión de la radioterapia en la Cartera de Servicios, la eliminación de las Unidades de Gestión Cínica en Salud Mental y Neumología, la realización de actividades clínico-quirúrgicas por la tarde contratando el personal necesario, sobre todo radiólogos, traumatólogos, geriatras, anestesistas y urólogo, y la valoración de la estructura del hospital y su revisión por los inspectores del INSS.

Desde la Coordinadora, que aglutina colectivos en defensa de la Sanidad cien por cien pública y de calidad en todo el país, aseguran que «las reivindicaciones de las compañeras y compañeros de El Bierzo y Laciana son extensibles y compartidas por las Mareas Blancas de todas las regiones del Estado» teniendo en cuenta que «los recortes sanitarios, la privatización explícita o encubierta de los servicios y la precarización de los empleos se han dado y se están produciendo en todos los territorios sin excepción», señalan.

Una situación que aseguran que se sucede desde que, en 1997, el gobierno del Partido Popular aprobó una ley con el apoyo del PSOE, en cuyo artículo único se abría la puerta a la externalización de los servicios sanitarios y no sanitarios. Con esta ley entienden que «comenzó el desmantelamiento del sistema sanitario público y también la construcción del discurso de la mayor eficacia y eficiencia de la gestión privada sobre la pública, contribuyendo a la creencia popular de que 'lo privado es mejor'».

Los datos económicos y la experiencia acumulada demuestran, a su juicio, la «falacia» de esa creencia y ahora «estamos ante la tesitura de unos gastos sanitarios desorbitados a expensas de las concesiones a empresas privadas y a Farmaindustria, que contrastan con una gestión nefasta de las listas de espera alcanzándose récords de demoras en la lista de espera quirúrgica, una disminución de casi mil camas hospitalarias respecto al año pasado con un número de camas parecido al de hace 13 años, y una plantilla de profesionales cuya precariedad laboral se manifiesta por un 35% de tasa de interinidad», explican. «Todo esto está sucediendo en un país con una población que está cada vez más envejecida y que genera una demanda sanitaria y sociosanitaria en progresivo aumento», subrayan.

Contra las políticas de recortes y privatización

A juicio de las Mareas Blancas, las políticas de recortes y de privatización han sido forzadas por la UE y sus políticas neoliberales, cuyo punto culminante fue la modificación del artículo 135 de la Constitución Española que dio prioridad al pago de la deuda y los intereses sobre cualquier otro gasto; deuda que, consideran que «debe someterse a una Auditoría Ciudadana para cuantificar qué parte de la misma es ilegítima, declarar el no pago y, en su caso, exigir las responsabilidades jurídicas a los responsables políticos y los gestores nombrados por estos».

Es por ello, por lo que la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas se suma a las exigencias de los encerrados en el Hospital de El Bierzo en cuanto a la derogación de la reforma del artículo 135, de la ley 15/97 y del RD 16/2012; y además plantea la necesidad de cambios legislativos y de gestión que están recogidos en el Documento 38 medidas presentado en el Congreso de los Diputados, en los Parlamentos Regionales y en las Corporaciones Locales de diversas autonomías por el momento.

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