El Consejo solicitará una reunión con la ministra de Justicia para reclamar el noveno juzgado para Ponferrada

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, junto a lso representantes del Club Financiero y Social del Bierzo. /Carmen Ramos
El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, junto a lso representantes del Club Financiero y Social del Bierzo. / Carmen Ramos

Courel llevará a Pleno la solicitud, junto a la petición del Juzgado de lo Contencioso, que remitirá a los 38 municipios del Bierzo para que respalden la propuesta

CARMEN RAMOS Ponferrada

El Consejo Comarcal del Bierzo solicitará una reunión con la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, para trasladarle de forma directa la necesidad de dotar a Ponferrada de un noveno juzgado de Primera Instancia así como uno de lo Contencioso Administrativo.. Así lo anunció su presidente, Gerardo Álvarez Courel, tras la reunión mantenida hoy con los representantes del Club Financiero y Social del Bierzo. Un encuentro en el que se puso de manifiesto la necesidad de que el Gobierno central atienda una reivindicación que consideran «justa» para la comarca.

«Gracias a ese juzgado número 9 se podrían dividir los juzgados de Primera Instancia y los de Instrucción con lo que el sistema sería mucho más ágil», indicó el mandatario comarcal, que entiende que con ello «se conseguiría el objetivo de acercar la Justicia al ciudadano» dado que acabaría con los reiterados inconvenientes a los que se enfrentan los bercianos y que acarrean un mayor número de desplazamientos y costes cada vez que se ven obligados a desplazarse a León.

En este sentido, destacó la «sensibilidad» de la institución que llevará a Junta de Gobierno y a Pleno la solicitud «para que podamos aprobarla por unanimidad», señaló. Una petición que se trasdará también a los 38 municipios de la comarca para que la respalden vía moción en sus respectivos plenos. «Con esas mociones aprobadas solicitaremos una reunión a la nueva ministra de Justicia para trasladar esta problemática y para exigir la ampliación de los ocho juzgados en uno más y, por supuesto, la creación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en Ponferrada», subrayó el presidente del Consejo.

Por su parte, el presidente del Club Financiero y Social del Bierzo, Aníbal Fernández, manifestó la «preocupación de años» de las empresas y afiliados de la entidad por la situación de los juzgados de la capital berciana recordando que el último juzgado de Primera Instancia que se creó fue en el año 2009, el número 8, un momento en el que «ya se detectaba la necesidad de algún otro juzgado más pero ahí se paró» después de que en tan solo tres años se pusieran dos en marcha, el 7 y el 8 «hasta fechas actuales que seguimos con esa misma cifra», apuntó.

Fernández considera «muy loable» que por primera vez la petición esté avalada también por la Junta de Jueces y Magistrados de la capital berciana y por la Fiscalía de Área de Ponferrada. «No es habitual que esto sea así e implica un grado de compromiso muy importante», señaló.

Desde el CFSB entienden que la implantación de ambos juzgados permitirá que se pueda acometer la «tan ansiada» y «tantos años pedida» división de jurisdicciones con la consiguiente especializaciones de juzgados en materia penal y civil que «agilizaría los tiempos de respuesta cada vez que un ciudadano se dirige a ellos en resolución del conflicto en el que esté inmerso».

El presidente del Club insistió en la importancia de esta medida para las empresas porque «cuando las cosas van bien no es necesaria pero cuando van mal sí lo es, y es muy necesario que tenga una respuesta ágil y eficaz, algo que es muy difícil que se pueda conseguir con unos ratios de trabajo como los que presentan actualmente los juzgados de Ponferrada».

Fernández se refirió a la memoria del pasado año de los juzgados de Ponferrada para recordar que se cerró con unas cifras que estaban en un 146% de los ratios aconsejados como ideales de trabajo por el Consejo General del Poder Judicial y que en años anteriores incluso superaron el 160%. «Estamos hablando de años en los que se ha superado más de un 50% la carga estimada como idónea», aseveró. Una situación que tiene claro que ha salido adelante «gracias a la capacidad de respuesta judicial, de los funcionarios, de los magistrados de los juzgados y del resto de operadores jurídicos que han intervenido en relación con esta administración de justicia como abogados y procuradores» pero entiende que «esto no se puede permitir», concluyó.

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