El Ayuntamiento de Cacabelos, condenado por no tener Plan de Prevención de Riesgos durante un año de la etapa Canedo

Ayuntamiento de Cacabelos./César Sánchez
Ayuntamiento de Cacabelos. / César Sánchez

El Consistorio deberá pagar 220.000 euros a la Seguridad Social por la denuncia de la exsecretaria al considerar que una enfermedad que contrajo se produjo por «falta de medidas de seguridad laboral»

ELBIERZONOTICIAS Cacabelos

El Juzgado de lo Social de Ponferrada ha condenado al Ayuntamiento de Cacabelos a pagar a la Seguridad Social un recargo de prestaciones por un importe de 220.000 euros. Esta sentencia se produce tras la denuncia de la anterior secretaria municipal, durante el gobierno del PP, por falta de medidas de seguridad en el trabajo, ya que el exalcalde, Adolfo Canedo Cascallana, no pagó durante un año la Prevención de Riesgos Laborales como obliga la normativa, tras rescindir el contrato que estaba en vigor y luego lo volvió a contratar pasado un año, según informaron hoy desde el Consistorio.

La exsecretaria del Ayuntamiento denunció que su enfermedad surgió por «falta de medidas de seguridad laboral» cuando realizaba su trabajo en las dependencias municipales.

Desde el Consistorio de la villa del Cúa recuerdan que el artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) dice que «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 175, algo que aseguran que Canedo «dejó de lado».

El equipo de gobierno de Cacabelos, que preside Sergio Álvarez, asegura que el anterior gobierno del PP «le está costando en esta legislatura al municipio más de 3.000.000 euros», y no se descartan «que pueda haber más sorpresas en el futuro de ese gobierno oscuro, nefasto y dañino de Adolfo Canedo Cascallana, cuya gestión económica y de personal municipal del Ayuntamiento da sus malos frutos tres años después».

Insiste en que esta nueva cantidad económica que tendrán que abonar las arcas municipales se suma a «las facturas impagadas de proveedores, a la devolución de subvenciones impagadas, a las aventuras judiciales de Adolfo Canedo Cascallana, a la ilegalidad de la ampliación del cementerio municipal, al contrato de privatización del alumbrado público…».

Contenido Patrocinado

Fotos