La Audiencia rechaza el recurso de Canedo y manda seguir con la causa por posible falsedad documental

Adolfo Canedo./César Sánchez
Adolfo Canedo. / César Sánchez

La denuncia fue presentada por una ex secretaria del Ayuntamiento de Cacabelos

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La sección tercera de la Audiencia Provincial de León ha rechazado el recurso de apelación presentado por Adolfo Canedo, ex alcalde Cacabelos, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Ponferrada, en el que se ordenaba seguir adelante las actuaciones por los tramites del procedimiento abreviado contra Canedo como presunto autor de un delito de falsedad documental, concretamente falsificación de documentos públicos cuando era regidor de la villa del Cúa.

La sentencia de la Audiencia dice que el ex alcalde no puede argumentar «indefensión por desconocimiento de hechos», al ser lacónico o escueto el relato del auto de incoación del procedimiento abreviado. También recuerda que el delito de falsedad documental «no es un delito de propia mano, sino que es imputable a todos quienes tuvieran el dominio funcional del hecho». Este procedimiento pone fin a las diligencias previas de instrucción.

La denuncia fue presentada por una ex secretaria del Ayuntamiento de Cacabelos, según la cual Adolfo Canedo da el visto bueno a una certificación de una secretaria interina en el que se hace constar la inexistencia de documentación referida a si los trabajadores del Ayuntamiento de Cacabelos que se encuentren en situación de incapacidad temporal y durante la totalidad de la duración de la misma percibirían el 100% de sus retribuciones respecto al mes anterior a la causación de la baja.

La denunciante considera que Adolfo Canedo, en su perjuicio, emite un visto bueno a dicha certificación, cuando conocía perfectamente que unos meses antes el Ayuntamiento había incoado un expediente de lesividad precisamente en relación a las prestaciones que se estaban abonando desde el consistorio a sus trabajadores que estaban de baja temporal.

El delito de falsificación de documentos públicos por parte de un alcalde está penado, según el artículo 390 del Condigo Penal, con prisión de 3 a 6 años, con multa de 6 a 24 meses, y con inhabilitación de 2 a 6 años.

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