El alcalde de Bembibre y su equipo vuelven a ser investigados por el 'caso Clece'

El alcalde de Bembibre, Manuel Otero./
El alcalde de Bembibre, Manuel Otero.

Aunque en un principio el juez había decidido archivar las diligencias incoadas, un auto del Contencioso-Administrativo le lleva a dejar sin efecto su decisión anterior

ELBIERZONOTICIASBembibre

El Juzgado de Instrucción nº 8 de Ponferrada había decidido archivar, en noviembre de 2017, las diligencias incoadas por la prórroga de los contratos de las piscinas climatizadas y la residencia de ancianos acordada con Clece en 2013 en Bembibre. El 29 de enero de 2018 el propio Juzgado, estimando el recurso de reforma que le fue planteado, ha resuelto revocar y dejar sin efecto su decisión anterior, con lo cual el alcalde de la capital del Bierzo Alto, Manuel Otero, y la Junta de Gobierno Local de aquel entonces vuelven a estar investigados por presunta prevaricación administrativa en la gestión de la prórroga.

Es el anuncio realizado por el Grupo Municipal Socialista de la villa del Boeza, que, a su vez, recuerda que las diligencias se incoaron por haberse hecho la contratación «pisoteando todas las normas aplicables: admitiendo fuera de plazo un recurso de Clece; evitando la concurrencia de otras empresas a una nueva licitación; inventándose un perjuicio económico para Clece, que no existía, para adjudicarle gratis y a dedo las piscinas de verano; y todo ello sin contar con ningún informe de la secretaría e intervención del Ayuntamiento, ni presentarse por la empresa ninguna garantía para caso de incumplimiento».

El Juzgado, no obstante, sin tomar declaración a Otero, acabó archivando el proceso al entender que todas estas irregularidades se habían cometido por simple ignorancia, por no ser conscientes el alcalde y los concejales de la ilegalidad de su actuación.

Ahora ha llegado a Ponferrada el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León que deduce testimonio contra todos ellos por desobediencia, al negarse a ejecutar la sentencia que había declarado la nulidad del contrato, y la magistrada cambia radicalmente de criterio, reponiendo la investigación contra Otero y sus concejales.

La magistrada basa su última resolución en que no conocía la totalidad de lo sucedido, porque ahora comprueba que las infracciones se cometieron intencionadamente y de mala fe, «lo que evidencia la existencia de ese ánimo específico que exige el delito de prevaricación, ese reiterado incumplimiento de la legalidad vigente realizado con pleno conocimiento y a sabiendas de su ilegalidad», con lo que «son evidentes los indicios de criminalidad en Otero y los suyos», concluyen los socialistas.

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